Oklahoma education leader suggests verifying students’ immigration status.

Un reglamento sugerido por el Departamento de Educación del Estado de Oklahoma requeriría que las escuelas públicas soliciten pruebas de ciudadanía estadounidense o estatus migratorio legal durante la inscripción de los estudiantes, una medida que podría entrar en conflicto con la ley federal si se promulga. La normativa propuesta también obligaría a los distritos escolares a hacer un seguimiento del número de estudiantes indocumentados matriculados y a enviar esos datos al Departamento de Educación estatal. La norma propuesta establece que los estudiantes no serán identificados personalmente, sin embargo, la agencia no ha aclarado cómo se va a utilizar la información. Los estudiantes indocumentados seguirían teniendo la oportunidad de asistir a las escuelas públicas en Oklahoma; sin embargo, la propuesta ha provocado preocupaciones de que podría desalentar a las familias de inscribir a sus hijos en la escuela. Aunque las escuelas públicas pueden pedir una prueba de residencia en un distrito, el gobierno federal prohíbe a las escuelas indagar sobre el estatus migratorio de los estudiantes, por considerarlo innecesario y un posible «efecto desalentador» sobre la matriculación. En 1982, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los estados no pueden denegar a los niños indocumentados la igualdad de acceso a la educación pública. El Tribunal determinó que no había pruebas que indicaran que la expulsión de estos alumnos de las escuelas públicas reduciría la inmigración ilegal o que era probable que mejorara la calidad general de la educación pública.