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La Corte Suprema limita la supervisión de la inmigración

La Corte Suprema limita la supervisión de la inmigración

El Tribunal Supremo decidió que los tribunales federales carecen de facultades para examinar las decisiones discrecionales específicas tomadas por las agencias de inmigración, lo que indica un cambio importante en la supervisión judicial de las cuestiones de inmigración. En una sentencia unánime redactada por el juez Ketanji Brown Jackson, el Tribunal Supremo determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) posee amplias facultades para cancelar peticiones de visado sin supervisión judicial, incluso si la cancelación se basa en acusaciones de fraude matrimonial. El tribunal determinó que esta autoridad no está sujeta a revisión judicial en virtud de una ley federal que restringe la supervisión judicial de determinadas decisiones discrecionales. La demanda fue iniciada por Amina Bouarfa, ciudadana estadounidense, que presentó una solicitud de visado para su cónyuge, Ala'a Hamayel, ciudadano palestino. La solicitud fue aceptada en un primer momento por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), pero al cabo de dos años, la agencia envió un Aviso de Intención de Revocar la solicitud. El USCIS hizo referencia a acusaciones de que Hamayel había contraído un matrimonio fraudulento para obtener ventajas en materia de inmigración, afirmación respaldada por comentarios de la ex cónyuge de Hamayel. Aunque Bouarfa rebatió estas afirmaciones, la agencia procedió a la cancelación. Bouarfa alegó que la actuación del USCIS era aleatoria e irrazonable, pero el Tribunal Supremo decidió que la facultad de anular las peticiones de visado correspondía por completo al DHS. La decisión puede tener consecuencias significativas para los inmigrantes que persiguen un estatus legal permanente en EE.UU. Los detractores afirman que disminuye la responsabilidad y permite a las agencias de inmigración operar con poca supervisión. Los analistas jurídicos indican que el fallo subraya una tendencia creciente de respeto judicial a la autoridad del poder ejecutivo en cuestiones de inmigración.

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