El juez de distrito estadounidense Dana Sabraw aprobó en octubre un acuerdo judicial entre el Departamento de Justicia y las familias representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles. Según el acuerdo propuesto, la política de "tolerancia cero" que se utilizó bajo la administración Trump para separar a más de 5.000 niños de padres que fueron detenidos por entrar ilegalmente en el país quedaría prohibida hasta diciembre de 2031. Los niños podrán seguir siendo separados, pero bajo circunstancias limitadas, como ha sido el caso durante años. Entre ellas, si se cree que el niño sufre malos tratos, si el progenitor es condenado por delitos graves o si existen dudas de que el adulto sea el progenitor. Las familias que fueron separadas pueden optar a otros beneficios: estatus legal durante un máximo de tres años en libertad condicional humanitaria; reunificación en Estados Unidos a expensas del gobierno; un año de alojamiento; tres años de asesoramiento; asistencia jurídica en el tribunal de inmigración. Pero el acuerdo no paga dinero a las familias.