Cuando Blanca, de 49 años, se enteró de que su caso de inmigración había sido desestimado, dejó escapar un suspiro de alivio. Blanca, originaria de México y que pidió ser identificada por su nombre de pila debido a su situación migratoria, tiene otra vía para obtener la ciudadanía a través de sus hijos, que tienen edad suficiente para apadrinarla. La política de inmigración del gobierno de Biden, aplicada el año pasado, pretende reducir la cifra récord de 3,4 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración mediante la desestimación de casos judiciales a través de la discreción procesal, una antigua autoridad que permite a las agencias decidir cómo concentrar sus recursos. Desde que su marido sufrió un derrame cerebral hace dos años, Blanca ha estado abrumada por las citas con el médico y las facturas médicas. En agosto de 2023, un conductor la golpeó por detrás y se rompió la pelvis. Un inminente caso de inmigración no ha hecho más que aumentar su estrés. Blanca, originaria de Querétaro (México), vive en Houston desde hace más de 30 años. Aquí ha construido su sueño americano, limpiando casas mientras su marido instalaba sistemas sépticos. Sus cuatro hijos, de 21 a 30 años, terminaron el instituto y los dos más jóvenes esperan ir pronto a la universidad. Si Blanca presentara su caso de asilo ante el tribunal y perdiera, podría ser expulsada y devuelta a un país que no conoce desde hace tres décadas. Desestimar el caso es beneficioso para Blanca y para el sistema de inmigración. Un juez responsable de cientos de casos puede aligerar su carga de trabajo sacando de su agenda un caso que no es prioritario para la aplicación de la ley. Blanca evita una orden de expulsión mientras toma medidas para legalizar su situación a través de otro organismo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.