Las fuerzas de seguridad locales de Oklahoma se preparan para la aplicación de la nueva ley estatal que criminaliza a las personas sin estatus legal de inmigración. Algunos organismos se niegan a aplicarla, otros dicen que no tienen más remedio; todos coinciden en que la inmigración ilegal es un problema. El jefe del Departamento de Policía de Oklahoma City, Wade Gourley, fue uno de los primeros líderes de las fuerzas del orden locales en oponerse a la medida. Afirmó que su departamento -el mayor del estado- no dispone de los recursos tecnológicos necesarios para hacer cumplir la ley de inmigración a la escala que propone la nueva ley. Las personas detenidas y consideradas una amenaza son señaladas, retenidas y, en última instancia, entregadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración. La ley entrará en vigor la próxima semana. Aunque Oklahoma se enfrenta a dos demandas diferentes en un tribunal federal que podrían dar lugar a una pausa en la aplicación de la medida, es más probable que la policía local se vea obligada a enfrentarse a ella antes de que eso ocurra. La SB4 de Texas, la ley que inspiró la medida de Oklahoma, también está atrapada en un tribunal federal. Y Iowa, que también aprobó una medida similar, vio cómo se anulaba su versión de la aplicación de la ley de inmigración a nivel estatal.