El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, apeló el miércoles una orden judicial que suspendía la controvertida ley de inmigración del estado. En junio, un juez federal dejó en suspenso la medida a la espera del resultado de un recurso judicial. Drummond presentó su apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de EE.UU., con sede en Denver. El proyecto de ley 4156 crea un nuevo delito denominado "ocupación no permitida" por entrar voluntariamente en el estado sin autorización legal para estar en Estados Unidos. El primer delito es un delito menor punible con un año de cárcel del condado y una multa de hasta $500 o ambas cosas. La persona deberá abandonar el estado en un plazo de 72 horas. Un segundo delito es un delito grave con hasta dos años de prisión, una multa de $1.000 o ambas cosas. Al conceder la medida cautelar, el juez escribió que la ley estatal está probablemente regulada por la ley federal.