Tras el anuncio de Trump de que permitirá a ICE operar en hospitales, escuelas y lugares de culto, los defensores de los derechos de los inmigrantes están ayudando a las familias que corren el riesgo de que un familiar indocumentado sea detenido o deportado abruptamente.

Según NBC News, la administración entrante planea revertir las leyes que limitan las operaciones de aplicación de la ley de inmigración en lugares sensibles como hospitales, escuelas y lugares de culto, así como en los vecindarios que los rodean, para cumplir con la promesa de Trump de deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Casi seis defensores de los derechos de los inmigrantes en cuatro estados que fueron entrevistados por NBC News informaron todos que han visto un aumento en el número de llamadas de inmigrantes preguntando sobre sus derechos. Iglesias, escuelas y organizaciones comunitarias también les han preguntado sobre sus responsabilidades ante estas posibilidades. Los grupos y defensores están respondiendo mediante la celebración de cursos de formación para conocer sus derechos y ayudando a las familias en situación de riesgo a crear planes de acción en caso de que un familiar indocumentado sea detenido o deportado inesperadamente. Las familias de Florida están recibiendo ayuda del Hope Community Center para crear un plan. Parte del plan consiste en redactar documentos de tutela o poderes notariales en los que se especifique quién cuidará de los hijos que queden en caso de que un progenitor indocumentado sea detenido por funcionarios de inmigración.

Lo mismo está haciendo en Phoenix, Arizona, José Patiño, vicepresidente de educación y asuntos externos del grupo de defensa Aliento, con sus «paquetes familiares». Según Patiño, es crucial que las familias establezcan una tutela legal sobre los bienes y las cuentas bancarias para que los familiares supervivientes puedan acceder a ellos en caso de que el proveedor principal sea detenido o deportado. Una de las principales organizaciones de reasentamiento de refugiados y el mayor proveedor de servicios legales de inmigración de Texas, RAICES, ha declarado que está «dispuesta a desafiar cualquier acción presidencial que amenace el acceso equitativo al derecho legal y humano de buscar seguridad en EE.UU.». Puede haber motivos legales para un desafío si la administración Trump rescinde la política que limita las acciones de aplicación de la ley de inmigración en lugares sensibles, según el director legal de RAICES, Javier Hidalgo. La organización seguirá vigilante hasta entonces.