Aunque en ocasiones el motivo de la demora en la adjudicación puede ser la investigación de una cuestión concreta de hecho o de derecho, o incluso la gestión incorrecta o la pérdida de un expediente por parte del gobierno, el gran porcentaje de solicitudes retrasadas lo son a causa de autorizaciones pendientes de seguridad, de comprobación del nombre o de antecedentes penales. Dado que estas autorizaciones se consideran un asunto de seguridad nacional, el gobierno no proporcionará ningún detalle sobre el tipo de autorizaciones que están pendientes o cualquier fecha probable para la resolución de las autorizaciones.

Ninguna.

Cuando el problema es un retraso en la autorización, la única alternativa es presentar un mandamus ante un tribunal federal. Ni siquiera la intervención del Congreso o del Senado servirá para acelerar el proceso de autorización.

La respuesta varía en gran medida dependiendo del Asistente del Fiscal de EE.UU. ("AUSA") asignado al caso y el juez asignado al caso. Algunos AUSA trabajarán con nosotros para intentar resolver el caso rápidamente. Algunos jueces se involucran rápidamente en el caso y obligan a actuar. Aunque algunos casos se han resuelto en menos de un mes desde la presentación de la denuncia ante el tribunal federal, lo normal es que transcurran entre tres y seis meses.

Si el gobierno está convencido de que existen "circunstancias apremiantes" que exigen la agilización, el AUSA se esforzará por conseguir que se agilice el caso. Ejemplos de esto podrían ser cuestiones médicas, cuestiones de que la persona pierda el derecho a la prestación si se produce un nuevo retraso, cuestiones relativas al interés nacional, etc. Además, incluso cuando no hay "circunstancias apremiantes", nuestra experiencia es que muchas solicitudes se aceleran después de la presentación de la denuncia y antes de que el juez tenga que intervenir sin ninguna notificación formal de que el caso se está acelerando.

Esto es muy poco probable, sobre todo porque se están presentando muchos casos de mandamus. Además, el Gobierno no puede denegar un caso sin motivo. Antes de presentar un caso de mandamus, revisamos cuidadosamente la elegibilidad del solicitante para el beneficio solicitado (residencia permanente o naturalización) para asegurarnos de que no hay base para una denegación.

Podrían nombrarse todas las agencias gubernamentales implicadas en la adjudicación de la solicitud. Normalmente, esto incluye al USCIS (y a menudo al director del distrito local, al director del centro regional y al comisionado del USICS en Washington), al Departamento de Seguridad Nacional y al Fiscal General de Estados Unidos. También suele ser buena idea incluir como demandado al FBI, que tiene el mandato de tramitar las autorizaciones.

La respuesta oficial suele ser una Petición de desestimación en la que el gobierno intenta convencer al juez de que un caso de mandamus no es apropiado para un ajuste de estatus o una solicitud de naturalización. En algunos casos, la solicitud se completa antes de que el gobierno presente su petición de desestimación.

Aunque algunos jueces están de acuerdo con las razones dadas para desestimar la solicitud, nuestra experiencia es que la mayoría de los jueces están de acuerdo con el argumento jurídico que proporcionamos en nuestra respuesta a la petición de desestimación y se niegan a desestimar el caso de mandamus.

En ese caso, se desestima el caso y desaparece la posibilidad de mandamus. El extranjero permanece exactamente en la misma situación en la que se encontraba antes de la interposición del mandamus.

En la mayoría de los casos, el Gobierno resuelve voluntariamente la solicitud antes de recibir una orden del juez que le obligue a hacerlo. De no ser así, solicitamos al juez que dicte dicha orden requiriendo la adjudicación de la solicitud en un plazo determinado.

No. El juez sólo puede ordenar al FBI que complete las autorizaciones y al USCIS que adjudique la solicitud en un plazo determinado.

El gobierno suele plantear alguna combinación de las siguientes defensas:

• los casos relacionados con la seguridad nacional no son apropiados para la actuación del tribunal federal;
• el tribunal no debe permitir que el solicitante del mandamus "se adelante" a los demás que están haciendo cola;
• el gobierno tiene total discreción sobre el tiempo que tarda en resolver una solicitud, y su discreción no está sujeta a revisión judicial;
• el gobierno no tiene la obligación de resolver la solicitud;
• la cantidad de retraso en un caso concreto no es "irrazonable".

Si el juez dicta una orden a favor del demandante (el ciudadano extranjero), puede ordenar al gobierno que pague los honorarios de los abogados del ciudadano extranjero en virtud de la Ley de Igualdad de Acceso a la Justicia. Pero no hay garantía de que un juez conceda esto a su favor.

Aunque las cuestiones son un poco diferentes, se puede presentar un caso de mandamus para un solicitante de naturalización pendiente desde hace mucho tiempo igual que para un solicitante de ajuste de estatus pendiente desde hace mucho tiempo. Hay disposiciones especiales disponibles si el solicitante de naturalización fue entrevistado y si no se tomó ninguna decisión sobre la solicitud durante más de 120 días después de la entrevista. En ese caso, se puede pedir al juez del tribunal federal que no sólo ordene al USCIS que adjudique la solicitud, sino que el juez del tribunal federal celebre una audiencia y decida sobre la solicitud de naturalización.

Cuando el caso de mandamus busca una acción sobre una petición en la que el empleador (incluida una universidad) es el peticionario, el empleador puede y debe ser demandante en el litigio.