Un líder educativo de Oklahoma sugiere verificar el estatus migratorio de los estudiantes.

Un reglamento sugerido por el Departamento de Educación del Estado de Oklahoma requeriría que las escuelas públicas soliciten pruebas de ciudadanía estadounidense o estatus migratorio legal durante la inscripción de los estudiantes, una medida que podría entrar en conflicto con la ley federal si se promulga. La normativa propuesta también obligaría a los distritos escolares a hacer un seguimiento del número de estudiantes indocumentados matriculados y a enviar esos datos al Departamento de Educación estatal. La norma propuesta establece que los estudiantes no serán identificados personalmente, sin embargo, la agencia no ha aclarado cómo se va a utilizar la información. Los estudiantes indocumentados seguirían teniendo la oportunidad de asistir a las escuelas públicas en Oklahoma; sin embargo, la propuesta ha provocado preocupaciones de que podría desalentar a las familias de inscribir a sus hijos en la escuela. Aunque las escuelas públicas pueden pedir una prueba de residencia en un distrito, el gobierno federal prohíbe a las escuelas indagar sobre el estatus migratorio de los estudiantes, por considerarlo innecesario y un posible «efecto desalentador» sobre la matriculación. En 1982, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los estados no pueden denegar a los niños indocumentados la igualdad de acceso a la educación pública. El Tribunal determinó que no había pruebas que indicaran que la expulsión de estos alumnos de las escuelas públicas reduciría la inmigración ilegal o que era probable que mejorara la calidad general de la educación pública.