Los estados gobernados por republicanos se apresuran a otorgar mayores competencias a la policía local en materia de inmigración y a imponer sanciones penales a quienes vivan ilegalmente en el país. La Asamblea Legislativa de Oklahoma presentó por la vía rápida al gobernador un proyecto de ley que crea el nuevo delito de "ocupación no permitida", que impone penas de hasta dos años de prisión por estar ilegalmente en el estado. Los legisladores de Oklahoma siguieron el ejemplo de Texas, donde el gobernador Greg Abbott firmó el año pasado un proyecto de ley que permitiría al estado detener y deportar a las personas que entren ilegalmente en Estados Unidos. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha firmado un proyecto de ley que obliga a las fuerzas del orden a comunicarse con las autoridades federales de inmigración si descubren que hay personas en el país ilegalmente, y que obligaría ampliamente a cooperar en el proceso de identificarlas, detenerlas y deportarlas. En Iowa, la gobernadora republicana Kim Reynolds firmó este mes un proyecto de ley que refleja en parte la ley de Texas.