La nueva ley antiinmigración de Oklahoma se enfrenta a dos posibles demandas. El 15 de mayo, el Departamento de Justicia de EE.UU. envió una carta al gobernador Kevin Stitt y al fiscal general Gentner Drummond en la que les comunicaba que el gobierno federal tiene la intención de presentar una demanda para detener la aplicación de la ley, a menos que Oklahoma acepte de antemano no emprender dicha acción. La carta del departamento afirma que la ley estatal de Oklahoma está invalidada por la ley federal y viola la Constitución de los Estados Unidos. También señala que la nueva ley de Oklahoma es como el proyecto de ley 4 del Senado en Texas. Ese estado no ha podido aplicar su ley debido a un tribunal federal de apelaciones. El estado tenía cinco días para confirmar que no aplicaría la ley. El estado se enfrenta a otra posible demanda iniciada a nivel local. Los miembros del Latino Caucus dijeron a The Oklahoman que también planean trabajar con expertos nacionales en la presentación de una demanda contra la ley, citando puntos similares planteados en la carta del Departamento de Justicia.