Los legisladores del Comité Judicial del Senado están centrando su atención en la situación de los jóvenes indocumentados, ya que el programa que ha protegido a más de medio millón de Dreamers durante casi 12 años se enfrenta a un futuro incierto. Las nuevas solicitudes al programa DACA, que se estableció en 2012 a través de un memorando ejecutivo, han estado congeladas durante los últimos tres años después de que un juez federal de distrito en Texas determinara que se había implementado ilegalmente. El programa cubría a unos 530.000 beneficiarios activos a finales de 2023, unos 80% de ellos nacidos en México, según los datos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional. Durbin y el senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur), miembro de mayor rango de la comisión, copatrocinaron el año pasado la Dream Act, que ofrecería una vía hacia el estatus permanente a los indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños. Pero la legislación que ofrece alivio a los inmigrantes se ha visto envuelta en luchas políticas sobre la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley. La batalla legal en torno a DACA ha vuelto al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU., que dictaminó hace apenas un año y medio que el programa era ilegal porque violaba los requisitos de procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo. El tribunal decidirá ahora si la normativa sobre DACA promulgada por el Gobierno de Biden refuerza la legitimidad del programa. La creciente incertidumbre jurídica sobre el programa, más las inminentes elecciones presidenciales, se suman a la urgencia de que el Congreso apruebe protecciones permanentes para los Dreamers, dicen los defensores. Empleadores como IBM Corp., Starbucks Corp. y Google LLC, advirtieron al tribunal de apelaciones en febrero que rescindir las protecciones de expulsión de DACA y la autorización de empleo drenaría $460 mil millones del producto interno bruto.