El martes, grupos de derechos civiles y el mayor condado fronterizo de Texas presentaron una demanda, calificando la medida que el gobernador republicano Greg Abbott había promulgado menos de 24 horas antes como un alcance inconstitucional sobre la autoridad del gobierno estadounidense en materia de inmigración. La ley de Texas entrará en vigor en marzo. La demanda, presentada ante un tribunal federal de Austin, fue interpuesta por el condado de El Paso junto con la Unión Americana de Libertades Civiles y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Se presentó contra el jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuyos agentes podrían detener a migrantes, y contra el fiscal de distrito del condado de El Paso, cuya oficina podría enjuiciar casos en esa comunidad fronteriza. La medida permite a cualquier agente del orden de Texas detener a personas sospechosas de entrar ilegalmente en el país. Una vez detenidas, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesadas por un delito menor de entrada ilegal. Los inmigrantes que no abandonen el país podrían ser detenidos de nuevo por delitos más graves.